Acuerdo de paz firmado el 22 de julio de 1795 mediante el cual España cedió a Francia la colonia de Santo Domingo.
La Revolución Francesa iniciada en 1789 repercutió en la antigua isla La Española y, muy particularmente, en Saint Domingue, donde las distintas clases sociales se enfrascaron en numerosas luchas, la parte de la colonia española permaneció vigilante de cuanto acontecía en la vecina. A medida que pasaba el tiempo, la revolución se fue radicalizando. La noticia del arresto de Luis XVI provocó una gran conmoción en España. El conde de Aranda convocó de inmediato al Consejo de Estado con el fin de considerar la posibilidad de declarar la guerra a Francia, pero aun cuando quería salvar a Luis XVI, prefirió negociar con los jacobinos, lo que produjo su caída, siendo reemplazado por Manuel Godoy.
En Francia, la Convención asumió las tareas del gobierno tras la disolución de la Asamblea Legislativa, abolió la monarquía y proclamó la República. La ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793 precipitó los acontecimientos. Adelantándose a las consecuencias de sus acciones, la Convención declaró la guerra a las potencias europeas el 1 de febrero. Previendo que, tarde o temprano, España tendría que enfrentar a Francia, el Gobierno de Madrid envió el 22 de dicho mes un oficio reservado al capitán general de Santo Domingo, Joaquín García y Moreno, en el que le instaba a ganar a los jefes de los esclavos que se habían rebelado en la colonia francesa en agosto de 1791 y a todos los habitantes de ella opuestos a la república. Miles de negros comandados por Jean Francois, Jorge Biassou y Louverture se pasaron al bando español. El plan español era la conquista de Saint-Domingue. El 7 de marzo, Francia declaró la guerra a España y 17 días después lo hizo Carlos IV.
En un principio, la contienda en la isla favoreció a las armas españolas, que conquistaron numerosas poblaciones francesas con la ayuda de los negros, pero la deserción de Louverture, quien se pasó al bando republicano el 14 de mayo de 1794, cambió totalmente la situación. También en Europa la marcha de la guerra le era desfavorable al ejército peninsular. Los franceses habían penetrado en territorio español, capturando varias ciudades vascas y estableciendo, a lo largo de los primeros meses de 1795, un frente en Miranda del Ebro, en pleno corazón de la meseta castellana.
Tanto España como Francia deseaban la paz por diversos motivos. Así pues, el 22 de julio de 1795 firmaron el Tratado de Basilea, que puso fin a la guerra y en el cual se estipuló que la primera cedía a la segunda la colonia de Santo Domingo. Todos los habitantes que quisieran abandonar la isla con sus bienes dispondrían del plazo de un año para hacerlo. La corona les proporcionaría tierras en la isla de Cuba. Para Godoy, ningún tratado le supuso a España menos sacrificio que el de Basilea, pues consideraba a la mencionada colonia tierra de maldición para los blancos y verdadero cáncer agarrado a las entrañas de cualquiera que fuese su dueño.
El arzobispo de Santo Domingo, fray Fernando Portillo y Torres, quien tenía una profunda aversión a los franceses por considerarlos ateos y regicidas, había recibido la noticia de la cesión al mismo tiempo que García, junto con la orden de partir para La Habana en compañía de las tropas españolas y funcionarios civiles. También el clero regular y secular debería embarcarse con todos los bienes muebles de la Iglesia. Pero el clero se mostró renuente a abandonar la isla con la prontitud que Portillo les exigía, alegando que, de hacerlo, sufrirían cuantiosas pérdidas. En unas instrucciones fechadas el 27 de enero de 1796, el Gobierno español pidió al arzobispo que exhortase a los vecinos a salir de la colonia antes de que la guerra entre los ingleses, quienes habían invadido Saint Domingue a solicitud de los realistas, y los franceses se extendiese por toda la isla. Pero se opusieron los cabildos de la colonia, para los que la evacuación de los religiosos dejaría sin pasto espiritual a los habitantes que quisiesen quedarse. Los cabildos creían que Francia, conocedora de las dificultades que encontraría para administrar Santo Domingo sin el concurso de la Iglesia, respetaría la fe de sus residentes. Una buena parte del clero decidió permanecer en sus parroquias. En algunos casos, la excusa fue la falta de dinero para atender a su mantenimiento. Otros habían abrazado los postulados de la Revolución Francesa y prefirieron vivir bajo las nuevas autoridades. A mediados de 1796, los sacerdotes que habían abandonado la isla eran muy pocos. El sueño de Portillo de trasladarse cuanto antes a otra colonia se vio satisfecho cuando, el 27 de agosto, se le autorizó a irse a La Habana.
El Tratado de Basilea había hecho concebir a Godoy la esperanza de que un pacto con Francia fortalecería la posición internacional de su país. El único inconveniente para lograrlo era la existencia de la Convención, pero cuando ese organismo fue sustituido por el Directorio, el ministro español concertó en agosto de 1796 el Tratado de San Ildefonso. Perjudicada en sus intereses, Inglaterra le declaró la guerra a España y se lanzó abiertamente a la conquista del territorio oriental. En febrero de 1797, los ingleses se apoderaron de Neiba, Las Caobas, San Juan y Bánica. Dos meses después, acosaron Montecristi y Azua.
El nuevo estado de guerra y las penurias económicas demoraron la emigración de los vecinos. Ignoraban el trato que los franceses, luego de la entrega, darían a los bienes de quienes ya habían partido a La Habana y a otras partes. Ante el peligro que entrañaba la irrupción de los ingleses en la capital de la colonia, la Audiencia, compuesta por cuatro magistrados, resolvió embarcarse para Cuba. Ese acuerdo lo había tomado sin la aprobación de Joaquín García, quien se opuso a él. Los oidores volvieron a reunirse en consulta, la cual produjo una división de pareceres. Dos de ellos votaron por acatar la voluntad del gobernador y los otros se ratificaron en su decisión de abandonar Santo Domingo. Al margen de esa división, lo que la Audiencia anhelaba era continuar ejerciendo sus funciones en Cuba, donde no solo estaría a salvo de cualquier contingencia, sino, sobre todo, por tener en esa plaza mejores posibilidades de prosperar.
Más responsable que la Audiencia, García se afanaba por facilitar la salida del mayor número de vecinos. Aspiraba a embarcar por lo menos a un tercio de los 100,000 que moraban en la colonia. Las ocasiones para irse habían sido escasas debido a la insuficiencia de navíos, además de que los equipajes facturados eran tantos que no había espacio bastante para las personas. Quienes ya habían dejado sus hogares lo habían hecho para asentarse no solo en Cuba, sino también en Puerto Rico, Venezuela, Cartagena y Río Hacha.
La insistencia de los oidores en irse para La Habana motivó que el rey ordenase que permaneciese en Santo Domingo hasta la entrega formal de la colonia a Francia. Mientras tanto, los emigrados confrontaban serios inconvenientes en Cuba. El Tratado de Basilea había establecido que se les daría transporte gratuito, compensación por los bienes abandonados y tierras y herramientas, así como una pensión durante cierto tiempo, pero la Junta de Emigrantes integrada para proporcionarles todo eso carecía de dinero y terrenos donde aposentarlos. Aunque se ignora la cantidad exacta de vecinos de Santo Domingo que se fueron de la isla, esta emigración aumentó sustancialmente al producirse la entrada de Toussaint Louverture en la colonia en 1801 y la invasión de Jean Jacques Dessalines cuatro años más tarde.
Fuente: Historia Dominicana en Gráficas
