El dilema del concurso docente

Julio Valeirón

Se ha planteado, y con mucha razón, que la calidad de un sistema educativo se asocia directamente con la calidad de sus docentes. No se trata de poner todos los huevos en la canasta del docente, pero si es reconocer, que el docente, y de manera muy particular, los directivos de centros educativos y maestros están en la primera línea de los procesos de aprendizajes de los estudiantes. Ellos son quienes finalmente llevan a la práctica las políticas relacionadas con dichos procesos. Esa es su misión y a ella deben responder principalmente.

Por supuesto, hay que reconocer que toda la estructura del ministerio de educación, empezando por quien tiene la responsabilidad de todo el sistema, como los funcionarios y técnicos nacionales, como regionales y distritales, pueden ser una oportunidad o un obstáculo, para que dicha función se haga con la calidad requerida. Esa es una historia larga de contar y difícil de abordar, por todas las complejidades que tiene, sobre todo en el marco de una cultura política que ve en el Ministerio de Educación la oportunidad para dar empleo “a los compañeritos que se fajaron durante la campaña”, sin importar mucho las consecuencias que eso conlleva para el cumplimiento de la razón fundamental del ministerio.

Hemos sido testigos por la prensa y las redes sociales que, con el tema del concurso para el ingreso a la carrera docente, “los problemas y dificultades” no han permitido que éste se desarrolle como debe ser.

Quizás lo primero que debemos plantear es qué es la Carrera Docente y, por supuesto, cuál es su importancia. La Ley General de Educación 66-97 en su Art. 135 la define como “la vinculación del servidor de la educación al conjunto de disposiciones organizativas y legales que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción y el retiro de los docentes durante su ejercicio profesional; así como sus deberes y sus derechos laborales. La Carrera Docente comprende también el conjunto de disposiciones atinentes a la clasificación y valoración de cargos, el reclutamiento, la selección, el nombramiento de personal, la estabilidad, promoción y evaluación del personal, que brinden a la educación los mejores recursos humanos”. La ley es clara, no es cualquier recurso humano, son los mejores.

En el año 2014, mediante la Resolución No. 17 de fecha 28 de marzo de 2014, el Consejo Nacional de Educación aprobó un importante documento conocido como “Estándares Profesionales y del Desempeño para la Certificación y Desarrollo de la Carrera Docente”. De entrada, como se observará, el referido documento a lo señalado por la Ley añade lo relativo a la certificación. Solo decir en esta ocasión, que ése fue un tema controversial frente a los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en aquel entonces.

En la página 41 de dicho documento, aparece una figura (Figura OC-DCD 9) con el título Ruta de Procesos Integrados hacia la Carrera Docente, en la cual se especifican un conjunto de acciones y procesos que permitirían alcanzar el propósito soñado, el desarrollo de una Carrera Docente basada en estándares, con mejoras progresivas, estable, atractiva y prestigiada.

En el contexto de la situación actual cabe preguntarse: ¿qué está pasando con el concurso docente, que parece no se da “pie con bola” para su desarrollo efectivo? Desde el año pasado, cuando se hizo la primera convocatoria a la actual, han surgido obstáculos y situaciones que ponen en peligro aquel “propósito soñado”.

Desde el primer concurso docente del cual tengo noción llevado a cabo en el 2006, han pasado ya 16 años, que han permitido acumular experiencias respecto a tan importante política, para lograr una mejor educación. Aún a riesgo de la incertidumbre, hemos tenido concursos además del señalado, en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016-17 y 2019. En el año 2017 y 2018 el Ministerio de Educación llevó a cabo la Evaluación del Desempeño Docente, lo cual no permitió que se organizara ese proceso. De cada uno de ellos tengo evidencias, pues formé parte de estos. Ha sido una importante actividad dentro del Ministerio de Educación, con historia y con experiencias acumuladas, que nos permitieron dar pasos importantes para su mejora continua.

Una de las principales mejoras incluidas fue la medición de “habilidades cognitivas” y de “competencias”. La primera evalúa la potencia cognitiva de los candidatos a través de su capacidad de pensamiento analítico, aplicando a todos los perfiles profesionales. La segunda, evalúa las competencias claves para cada uno de los perfiles, siendo diferentes en función del perfil profesional. Estas competencias son: autocontrol, autogestión, compromiso docente, comunicación e indagación e investigación. Además, por supuesto, se evaluaban los conocimientos generales y específicos, según el cargo.

Recientemente leemos en el periódico Diario Libre, bajo la responsabilidad de la periodista Socorro Arias, “Denuncian otras anomalías en concurso docente”. La nota de prensa señala “las dificultades no terminan en el concurso de oposición docente para seleccionar a 19,181 docentes para el sistema educativo público…”.

No olvidemos que ya antes y como consecuencia de las “irregularidades” en dicho proceso de concurso, la Comisión de Observación del Concurso de Oposición Docente 2021 mediante comunicación fechada el 3 de diciembre al ministro de educación presentó renuncia, y que la misma periodista anterior en fecha 5 de diciembre del 2021 tituló: “La Comisión de Observadores del Concurso Docente reafirma su decisión de renunciar”, señalando que “16 de 19 instituciones abandonan el proceso y el Minerd estudia conformar otra comisión”. En la misma información de prensa entonces, la periodista señalaba: “En un documento de 215 páginas (que se puede consultar en la edición web del Diario Libre) los comisionados reiteraron los inconvenientes que les impidieron realizar una labor de observación que garantizara la transparencia del proceso que busca la selección de 19,181 maestros para el sistema público nacional”. Estamos hablando de instituciones con un historial de importancia en los procesos de reforma de la educación dominicana: Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP), Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), Centro Poveda, Centro Juan XXIII, CIED-Humano-Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Foro Socio Educativo, Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad (IDEC), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Repensar la Educación (RED), Sector Escuela Salesiana, Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Word Vision, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISEP). En dicha comunicación al señor ministro de educación, la comisión señala:

“Reiteramos nuestro convencimiento de que es el Concurso de Oposición Docente la vía idónea para seleccionar a los mejores con el fin de ingresar a la carrera docente e impactar la calidad de la educación dominicana”.

Se trata del ingreso a la carrera docente, una de las carreras dentro del Estado Dominicano, como la diplomática y la judicial, más estable y que genera importantes beneficios a quien tiene el derecho de gozar de ella. Por lo tanto, el ingreso a la misma debería estar absolutamente protegido y con todos los controles que sean necesarios para asegurar su diafanidad.

He escuchado de algunas personas que, en los últimos esfuerzos desarrollados para el concurso de oposición a la carrera docente, las pruebas, en sus diferentes formas, se han “filtrado”. Lo más curioso es que se trata de instrumentos en línea, es decir, que no conlleva los riesgos de los procesos de impresión, empaque y distribución, en los cuales las posibilidades de “escape” son múltiples y a veces difíciles de superar. Eso quiere decir, que las posibilidades de filtración se reducen de manera muy significativa, como también las personas involucradas en ellos.

El Ministerio de Educación tiene la obligación y responsabilidad de establecer claramente quienes han sido las personas responsables de dichas filtraciones y tomar todas las medidas que se correspondan con el caso. Se trata de un fraude que tiene múltiples consecuencias, tanto económicas, como respecto a la violación del derecho que todo ciudadano tiene de recibir una educación de calidad y que la Constitución establece muy claramente.

Termino con un párrafo del libro Profesores Excelentes de Barbara Bruns y Javier Luque[1] y que nos coloca en una dimensión regional, más global, sobre el asunto y que debería servirnos para tener mayor conciencia como sociedad del tema en cuestión:

“Cada día, más de 7 millones de profesores se presentan a trabajar en las aulas de toda América Latina y el Caribe. Estos hombres y mujeres representan el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores técnicos y profesionales. Sus salarios absorben aproximadamente el 4% del producto interno bruto (PIB) de la región. Sus condiciones de trabajo son muy variadas – desde escuelas rurales de una sola aula con paredes de adobe hasta establecimientos de primera calidad -, pero los profesores de América Latina tienen en común algo muy importante: se los reconoce cada vez más como actores claves en los esfuerzos de la región por mejorar la calidad y los resultados educativos”.

No se trata de cualquier tema, ni de cualquier política educativa. Estamos hablando de la entrada a la carrera docente y de todos los privilegios que ella tiene. Asegurar su diafanidad es una condición fundamental y necesaria, para el desarrollo de la educación de calidad que tanto aspiramos.

 

 

 

 

 

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