Los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.
Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno, y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada.
A lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.
Más del 70% de la población mundial vive en países con una creciente desigualdad de ingresos y riqueza, incluidos los pueblos indígenas que ya se enfrentan a altas tasas de pobreza y graves desventajas socioeconómicas. Los altos niveles de desigualdad están generalmente asociados con la inestabilidad institucional, la corrupción, las crisis financieras, el aumento de la delincuencia y la falta de acceso a los servicios de justicia, educación y salud. Para los pueblos indígenas, la pobreza y las grandes desigualdades tienden a generar tensiones y conflictos sociales.
La erradicación la pobreza en todas sus formas y dimensiones y la reducción de las desigualdades están en el centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La sociedad, no solo los gobiernos, sino también los activistas sociales, los pueblos indígenas, las mujeres, la academia y los científicos tienen un papel que desempeñar en la construcción y el rediseño de un nuevo contrato social que sirva a los intereses de “Nosotros, los pueblos”.
El derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los Estados. Por lo tanto, un nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación que afecta a los pueblos indígenas, a través de su participación significativa y efectiva, incluyendo la obtención de su consentimiento previo, libre e informado. Ello conducirá al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
La pandemia de COVID-19 arrojó luz sobre los efectos de las crecientes desigualdades y promovió la discusión sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo contrato social. Un nuevo sentido común que funcionará para todos los pueblos y el planeta. Actualmente existe una oportunidad única para reconstruir un mundo más igualitario y sostenible, basado en una participación y asociaciones genuinas e inclusivas que fomentan la igualdad de oportunidades para todos y respeta los derechos, la dignidad y las libertades de todos.
Para los pueblos indígenas afectados de manera desproporcionada por COVID-19 en todo el mundo, los planes para reconstruir mejor y repensar los contratos sociales debe incluir escuchar sus voces, necesidades y preocupaciones, obteniendo su consentimiento previo, libre e informado, e incluir los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Fuente: onu.org.com
